De polémica en polémica, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad candidata del PP, al volver de vacaciones.

La ocupación de viviendas sigue siendo un grave problema que afecta sobre todo a las grandes ciudades y a las zonas costeras, donde muchas de las casas son segundas viviendas que se encuentran vacías la mayor parte del año. Un problema que, según a quien consultemos, parece que remite o que se agrava.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, el delito de usurpación de la vivienda ha descendido un 64% desde 2015. La disminución en 2017 fue de casi un 20 % en las incoaciones (la apertura del caso tras la denuncia) y más del 70 % en las calificaciones (los casos que siguen adelante y que no se han archivado), con respecto a 2016.

La diferencia entre los procedimientos iniciales y los que prosperan estriba, según la memoria de Fiscalía de 2018, en que muchos casos se dan en las zonas costeras, donde en su mayoría se trata de segundas viviendas en las que las familias que ocupan "desalojan la vivienda tan pronto como se realiza el requerimiento judicial".

La Fiscalía ya hizo referencia a este descenso en los delitos de usurpación de la vivienda en la memoria del año anterior, cuando no se atrevió aún a relacionarlo con la recuperación económica, algo que ya concluye en su última publicación: "El año anterior se señalaba que podría resultar tentador poner este descenso en relación con la situación económica y su posible recuperación, pero que había que esperar una ratificación de la tendencia en ejercicios posteriores. Ello puede entenderse que ha sucedido, a tenor de los datos comentados".

El dato que conocemos de 2018 refleja una continuación en esa tendencia, aunque la caída es más leve que en los años anteriores, apenas un 6,5%. 9.693 procedimientos abiertos en 2018, lejos de los 27.623 de 2015, cuando llegó a su máximo de los últimos seis años.

Para Rubén Martín, abogado penalista en Madrid, los datos casan con la intensidad de casos a los que se enfrenta en su ejercicio profesional, y aunque para él la situación sigue siendo "alarmante", sí comparte la "sensación" de que está bajando el número de casos. Para este abogado, la remisión de la crisis económica es una de las principales causas, y en el último año también el cambio de la ley.

Este cambio de legislación al que se refiere es la modificación del artículo 250.1.4 de la ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada en junio de 2018, que abrió la puerta a los llamados desahucios exprés. Esta medida ha permitido acelerar mucho el proceso, gracias a que permite su tramitación por la vía administrativa y no penal. Aun así, esa medida es reciente y solo afectaría a los datos del año 2018.

Aumento de casas ocupadas según la Policía

Bajando al nivel autonómico, la misma Fiscalía en los datos referidos a la Comunidad de Madrid, refleja que el número de casos abiertos por usurpación de la vivienda descendió un 36,5% en 2017 con respecto al año anterior.

Estos datos contrastan con los ofrecidos por la Delegación de Gobierno de Madrid, cuya Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas estimó que la Comunidad de Madrid tenía 4.717 viviendas ocupadas en 2018, 723 más que en el año anterior. Esa oficina de seguimiento tiene a disposición de los ciudadanos un teléfono gratuito y un correo electrónico abiertos exclusivamente para atender denuncias de casas ocupadas.

El problema de la ocupación ilegal de viviendas, acrecentado durante la crisis económica, favoreció la proliferación de empresas que se ocupan de gestionar directamente estas situaciones. Es el caso de Daniel Estévez, de Desokupa, empresa que lleva tres años funcionando. Estévez asegura tener diariamente las líneas "colapsadas" y que "la ocupación se ha multiplicado", sobre todo en ciudades como Barcelona y Madrid". Además, achaca la bajada de denuncias al éxito de empresas como la suya: "La gente nos llama a nosotros, saben que si denuncian entran en un proceso lento".  )))...///...