miércoles, 4 de julio de 2012

De la (supuesta) democracia representativa a la (efectiva) democracia participativa




Por Nacho Dueñas

Hasta el 15 de mayo de 2011 muchos de nosotros, que nos teníamos por
dignamente informados y relativamente críticos, aceptábamos el montaje de
un aparato de poder. El camelo de la democracia desde la dictadura.
Tuvo que despertarse un huracán a partir de un bendito 15-M para que nos
diéramos cuenta de la terrible mentira en la que se sustentaba toda la
arquitectura jurídica del presente sistema. Hasta entonces, muchos de
nosotros, que nos teníamos por dignamente informados y relativamente
críticos, aceptábamos el montaje de un aparato de poder que, si bien con
deficiencias y aspectos considerablemente mejorables, no dejaba de
representar un genuino intento de construir democracia.

Así, es verdad que nos regíamos mediante una constitución aprobada en
referendo, gestionada por unos partidos políticos generadores, con mayor o
menor fortuna, de unos espacios de participación popular; las consultas
electorales eran limpias, y la prensa, relativamente libre. La policía, no
obstante algunos abusos cometidos con cierta frecuencia, se mostraba
moderadamente respetuosa con la ciudadanía; y la economía, aún dentro de
los cánones del capitalismo, no dejaba de tener una cierta vocación
redistributiva, a partir de la puesta en práctica de un keynesianismo
socialdemócrata.

En definitiva, hicimos buena la máxima de Winston Churchill de que “la
democracia es que llamen a tu casa de madrugada y sea el lechero, y no la
policía”. Tuvo que llegar, repito, el 15-M para pensar que es una
democracia muy sospechosa aquella en la que el lechero llame de madrugada,
y no por la mañana, cuando ya la gente está despierta.

a) El presente régimen es un fraude desde sus orígenes: Tras la muerte de
Franco, la debilidad de la oposición y la relativa fortaleza del
establishment dificultó el hecho de dar el primer paso necesario para un
Proceso Constituyente, o ruptura institucional (preferentemente pacífica)
que derrocase todo el aparato del poder, para que el pueblo, mediante unos
mecanismos efectivos de gestión y participación, elaborase un nuevo sistema
legal y, en definitiva, una democracia real.

No se trata de un purismo idealista para el embellecimiento moral del
novedoso régimen de convivencia a construir, sino de la condición sine qua
non de cara a la renovación efectiva de todas las instancias de poder (la
judicatura, la prensa, el empresariado, la cúpula militar y policial, la
élite financiera, la sindical, el legislativo, el gubernamental…). Así, una
democracia no puede funcionar con la herencia de todo el establishment de
una dictadura de 40 años (a excepción de los poderes ejecutivos y
legislativos, los únicos en haber sido renovados). Prueba de ello es la
descomposición del actual régimen, cuya intensificación ha generado al
movimiento del 15-M por reacción.

Por todo esto, ya en los años 60, Antonio García Trevijano, que en absoluto
era un revolucionario ni un antisistema, logró convocar a la oposición, en
el contexto de la “Platajunta”, en torno a la idea de la ruptura
institucional para inaugurar el necesario Proceso Constituyente y dar pie a
una verdadera democracia. La traición a este pacto, protagonizada sobre
todo por el PSOE y el PCE, sustituyó dicha ruptura por un “consenso” que en
realidad fue una claudicación de la izquierda antifranquista ante el deber
de implementar la democracia. El actual sistema, meramente electoralista,
como veremos a continuación, es la consecuencia de aquel “pacto”.

b) El presente régimen es un fraude desde su construcción: El poder
financiero internacional, agrupado a partir de 1973 en torno a la “Comisión
Trilateral”, fomentó que, de cara a un virtual auge de la izquierda en
España, se accediese a su “domesticación”, gracias al apoyo económico
dispensado desde la socialdemocracia alemana. Es en este contexto cuando el
PSOE abandona el marxismo y el PCE acepta la monarquía y la bandera
bicolor. Y, lo que es más grave, aceptan unas reglas del juego que en
general le fueron impuestas, y cuyo contenido real les imposibilitarían
para llevar a cabo las medidas sociales emanadas de sus instancias
ideológicas. Nada más inteligente que el progresismo formal gestionando los
intereses de los poderes ocultos.

Así, a la muerte de Franco, el PSOE y el PCE renunciaron a la ruptura
institucional a cambio de participar en un nuevo aparato que, de apariencia
democrática, blindaba al establishment heredado del franquismo (salvo el
gobierno y el parlamento, repetimos). De esta manera, las medidas
“democratizantes” de Suárez fueron avaladas por las izquierdas mediante la
participación de éstas. Por lo tanto, las Cortes franquistas se hicieron el
“harakiri”, los partidos fueron legalizados, y se procedió a legislar de
cara a la celebración de elecciones libres, y se elaboró y aprobó la
Constitución del 78.

Sin embargo, el nacimiento de la Carta Magna, no emanó de ningún Proceso
Constituyente, puesto que ello hubiese posibilitado un orden que derrocara
a los poderes fácticos ya citados (el ejército, la policía, la judicatura,
el empresariado, las finanzas…), algo indispensable de cara a una
democracia efectiva, entendida como tal la capacidad de autogobierno por
parte del pueblo, y por tanto, de controlar a dichos poderes.

En su lugar, al no haber Proceso Constituyente, no hubo Asamblea
Constituyente, sino unas Cortes Generales a las que, con posterioridad a su
composición, se les otorgó de modo implícito una facultad constituyente.
Además, la Carta Magna fue redactada por 7 señores, sin participación
popular alguna. Así, el Parlamento fue una instancia meramente
deliberativa; y el pueblo, otra instancia de mero asentimiento a posteriori.

c) El presente régimen es un fraude en su arquitectura jurídica:
Primeramente, la jefatura del Estado es, a espaldas de decisión ciudadana
alguna, vitalicia, hereditaria, masculina, y no sujeta a responsabilidad en
el ejercicio de sus funciones. Y, por lo demás, se trata de una herencia de
la dictadura de Franco, como imposición de los poderes fácticos, tal vez
como símbolo del blindaje de éstos. El presidente es elegido por el
Parlamento, del cual a su vez emana el poder judicial. La básica separación
de poderes que hace más de 2 siglos teorizó Montesquieu como criterio
básico de democraticidad, en nuestro país brilla por su ausencia.

Pero más aún: al Parlamento concurren los candidatos integrados en unos
partidos políticos. Éstos son agrupaciones de listas cerradas, decisiones
verticales, designaciones a dedo, receptoras de ingentes sumas de dinero
público y empresarial, así como de espacios mediáticos; omnipresentes,
además, de modo jerárquico en multitud de pueblos, autonomías,
diputaciones, instancias judiciales, televisiones, consejos de
administración, asociaciones de vecinos, empresas públicas, universidades,
etc.

Lo inmensamente crematístico de los puestos a ocupar, y el criterio
arbitrario de designación al cargo o a la candidatura, nos dan una
referencia de la corrupción que esta partitocracia ha podido generar. Estos
30 años de régimen, salpicados de constantes escándalos políticos, ofrecen
innumerables ejemplos de lo que estamos afirmando. Además, el hecho de que
apenas se convoquen plebiscitos (que ni siquiera tienen carácter
vinculante), o la casi imposibilidad de facto para llevar al Parlamento
alguna Iniciativa Legislativa Popular (recogida de firmas para imponer a la
cámara el debate y la votación de nuevas leyes), avalan todo esto; por no
citar las dificultades económicas y administrativas que suponen la creación
de nuevos partidos políticos, así como la Ley D’Hont y el sistema de
proporcionalidad, que marginan a las minorías en beneficio de las grandes
agrupaciones.

Sólo así se entiende que el PP haya obtenido la mayoría absoluta en las
últimas elecciones con únicamente el voto del 30% del electorado, contando
con la oposición del movimiento del 15-M que, en las fechas cercanas a los
comicios, contaba con el 60% de apoyo en la opinión pública.
http://constituyentes.org/?p=3144

-- 
*constituyentes.org*

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