¿Autoridad Pública?

Y no podría llegar a considerarse la violencia escolar, hasta cierto punto, como "En Defensa Propia?

Si ya no estamos en la Edad Media, ¿Cómo carajos podemos seguir consintiendo aulas jerárquicas, donde los alumnos parecen gallinas ponedoras de esas siempre enjauladas?

¿Cómo puede ser que en los contenidos de clase y en las leyes abunden las alusiones a la libertad, democracia, respeto, etc..., etc..., y luego las aulas, por su estructura generalizada, no hayan salido aún del medioevo?

Profesores de toda España piden ser «autoridad pública»

Agredir a un maestro público tendría una sanción más grave y podría ser perseguido, de oficio, por la Fiscalía.

15 Septiembre 09 - Madrid - Marta Palacio

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La medida anunciada ayer por la presidenta de la Comunidad de Madrid de elaborar una ley que otorgue a los profesores de colegios públicos rango de «autoridad pública» no ha dejado indiferente a la comunidad docente.

Los casos de violencia escolar, la indefensión del profesorado y, sobre todo, los disturbios de las fiestas de Pozuelo protagonizados en su mayoría por menores de 20 años han puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma educativa que recupere valores como el respeto a la figura del docente.

Con este objetivo, Esperanza Aguirre anunció ayer que su Ejecutivo elaborará en las próximas semanas la Ley de Autoridad del Profesor; una norma con la que quiere devolver a los maestros la autoridad perdida en los últimos años y que puso de acuerdo ayer a políticos, sindicatos y asociaciones de padres, que pidieron que se extienda al resto de España.

Sólo funcionarios

La nueva ley otorgará más poder a los funcionarios públicos –para que afectara al sector privado sería necesario una reforma del Código Penal– que, a partir de su aprobación, contarán con más instrumentos jurídicos para defenderse en caso de que se produjera un ataque contra ellos.

En la práctica, permitirá que las acciones contra el funcionamiento de la actividad docente podrán ser perseguidas de oficio desde la Fiscalía. Además, cualquier agresión contra un profesor tendrá la misma consideración que si se tratara de un juez o un policía, ya que serán consideradas como un «atentado contra la autoridad» y, por tanto, conllevarán una sanción más grave. En este sentido, hace casi un año, la Fiscalía General del Estado instó a los fiscales, por medio de una circular, a que consideraran los ataques contra profesores y trabajadores de la sanidad pública como delito de atentado a la autoridad y, por tanto, solicitaran penas de cuatro años de cárcel. Aunque, entonces, el Ministerio Fiscal no elevó la «instancia» a rango de ley.

Las iniciativas de Madrid fueron aplaudidas indistintamente ayer por los sindicatos CC OO, UGT, CSI-CSIF y ANPE, así como por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) y la Cofapa.

Por parte de los primeros, aplaudieron la medida y pidieron que se introduzca en el «Pacto Social de la Educación» que prepara el Gobierno central. En el caso de las asociaciones de padres Concapa y Cofapa calificaron la iniciativa de un «un paso más» para recuperar la valoración social del maestro. Únicamente los padres laicos de Ceapa criticaron que la autoridad de los profesores se otorgue «a base de decretos» y señaló la posibilidad de que la nueva ley provoque una «confrontación» entre los docentes. Por su parte, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, calificó de «positiva» la medida aunque se mostró cauto a la hora de valorar las competencias que se le atribuyen a la ley. Además, señaló que podría haberse «incluido en el pacto por la educación» en vez de ser «una decisión política».


La iniciativa del PP se debatirá en el Congreso
La propuesta del PP de reconocer como autoridad pública al profesorado también se debatirá en el Congreso de los Diputados, porque el Grupo Popular en la Cámara registró en junio una proposición de ley para modificar en este sentido la Ley de Educación.
La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó ayer que la iniciativa presentada por su grupo recoge «la condición de autoridad» de los docentes, de forma que se puedan tipificar las agresiones que sufran. Asimismo ofreció su máximo respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya anunció la decisión de su Gobierno de otorgar ese rango a los docentes. «No puedo estar más de acuerdo con Esperanza Aguirre», aseguró.